Si algo se vislumbra como claro al inicio de la nueva Administración Federal de Claudia Sheinbaum es la orientación de la Política Energética, que básicamente se centra en tres grandes componentes: el primero es el deseo de prevalencia de las empresas productivas del estado PEMEX y CFE sobre las empresas privadas; segundo el cambio constitucional que las convierta de empresas productivas a empresas públicas que prioricen la seguridad energética y la autosuficiencia con criterios sociales, eliminando criterios de rentabilidad de sus inversiones; y tercero, permitir la participación privada, aún sin definir claramente los criterios de participación. Lo anterior en un contexto de cumplimiento de los compromisos ambientales que México tiene en la agenda climática global y por el perfil de todo el nuevo gabinete energético.
Dentro de lo que se le ha denominado Plan C, que incluye las reformas constitucionales que afectan directamente al sector energético además de lo mencionado anteriormente, están la eliminación de los organismos autónomos como la CRE, CNH y COFECE y la reforma al Poder Judicial. Lo primero elimina el piso parejo que demanda el sector privado y desde luego las empresas extranjeras para participar en cualquier mercado; y lo segundo altera de forma estructural el sistema judicial elevando el riesgo de las inversiones que realice el sector privado nacional y extranjero en México.
En cuanto al Libre Comercio, las reformas constitucionales previstas en el llamado Plan C, violan principios y acuerdos del TMEC , el cual entró en vigor el 1° de julio de 2020, ya que la Presente Administración Federal con el Presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en funciones, sin embargo el grueso de los resultados de las rondas petroleras y subastas eléctricas producto de la Reforma Energética de diciembre de 2013 se dieron bajo el TLCAN, es decir bajo un modelo de política energética previa a la de 2013 y con la cual el sector privado nacional y extranjero ya convivía. Lo anterior no elimina las violaciones o incumplimientos al espíritu de libre comercio de ambos tratados, TLCAN y TMEC, pero si encuadran que la relación de negocios y la participación en el sector energético puede prevalecer aún en los escenarios de mayor riesgo producto de la eventual aprobación de las reformas constitucionales.
Se percibe muy complicado romper las cadenas productivas de los diferentes sectores manufactureros que entrelazan a los tres países, México, EE. UU. y Canadá por el tremendo impacto en la competitividad regional de Norteamérica. Más bien el escenario sería un proceso de compensaciones entre los tres países en materia comercial que permita equilibrar los efectos de los mayores riesgos que se podrían asumir con los impactos de una aprobación de las reformas constitucionales incluidas en el Plan C.
Como parte de ese proceso de compensaciones habrá que recordar los mecanismos de participación en el sector energético con los que convivimos antes de 2013, no sin dejar de pagar los costos de un mayor riesgo que los mercados facturarán a México. Esto elevará nuestros costos energéticos y financieros como país e inevitablemente afectará a la competitividad de Norteamérica.
¿Dejaremos pasar otro momento de oportunidad económica para México?
