Apunte Regulatorio – Energy Insights
Por: Luis Orlando Pérez Gutiérrez
Socio Fundador, BFT Legal Consulting
La revolución en el sector energético mexicano se ha materializado en una serie de iniciativas de reforma con nuevas disposiciones legales que buscan, a la vez, fortalecer la posición del Estado y, para sorpresa de algunos, generar condiciones de participación competitiva para el sector privado. Impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el proyecto de decreto fue dado a conocer a finales de enero y turnado al Senado a principios de febrero de 2025; durante ese mes, fue analizado y finalmente aprobado en lo general por la cámara legislativa. Con esta reciente aprobación, se expide un paquete legislativo sin precedentes que abarca la expedición de ocho nuevas leyes y modificaciones a tres ordenamientos vigentes, orientado a garantizar la soberanía, la eficiencia y la justicia energética en el país.
Con un marco regulatorio renovado, la iniciativa del Ejecutivo Federal comprende la creación y reforma de normativas esenciales para el sector, las cuales, por cierto, siguen el curso trazado por las recientes reformas publicadas en materia de simplificación orgánica. Entre ellas destacan:
- Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex): Con estas disposiciones se redefine la naturaleza jurídica de ambas entidades, consolidándolas como pilares del sector energético y reforzando su función social. Se eliminan las subsidiarias, lo que permite una mayor concentración en el seguimiento y control de sus filiales, y se establece un régimen especial en términos de austeridad, contrataciones y sostenibilidad.
- Ley del Sector Eléctrico: Se introduce la figura de “prevalencia” estatal, obligando a la CFE a garantizar, como mínimo, el 54 % de la generación anual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Esta medida, que busca preservar el control del Estado sobre la energía, se contrapesa con la posibilidad de participación privada en hasta un 46 % del mercado, siempre enmarcada en un despacho basado en criterios de eficiencia y seguridad.
- Ley del Sector Hidrocarburos: Orientada a fortalecer a Pemex y promover modelos mixtos, la nueva regulación impulsa la inversión privada en áreas de exploración y extracción sin perder el carácter estratégico del recurso, lo que se complementa con un nuevo régimen fiscal que apunta a mejorar la rentabilidad de la empresa pública.
- Ley de Planeación y Transición Energética: Con un enfoque en la descarbonización y la justicia energética, esta ley consolida la planeación del sector mediante el establecimiento de programas vinculantes que incluyen el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico y otros instrumentos estratégicos. La SENER asume un rol central en la coordinación de la transición hacia una matriz energética más limpia, integrando energías limpias, biocombustibles y geotermia.
- Leyes de Biocombustibles y Geotermia: Ambas normativas buscan diversificar la matriz energética del país. La Ley de Biocombustibles promueve el aprovechamiento de residuos orgánicos y el desarrollo de tecnologías limpias en un marco de economía circular, mientras que la Ley de Geotermia optimiza la exploración y explotación de recursos geotérmicos, potenciando esta fuente renovable sin interferir en otras actividades del subsuelo.
- Ley de la Comisión Nacional de Energía (CNE): Con la transformación de la antigua CRE y CNH en un único órgano desconcentrado, la CNE asume funciones regulatorias clave, tales como la emisión de permisos, la supervisión tarifaria y la aplicación de criterios de eficiencia en el mercado energético. Esta centralización pretende simplificar los procesos y dar mayor certeza a los inversionistas.
Aunque el nuevo marco regulatorio refuerza la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos, no excluye la participación del sector privado. Por el contrario, se abren espacios en modalidades de generación distribuida, autoconsumo y esquemas de inversión mixta, en los que particulares y empresas pueden coadyuvar con la CFE en proyectos de infraestructura.
Para las empresas y altos directivos, la reforma plantea varios desafíos y oportunidades:
- Revisión y Optimización del Portafolio de Proyectos: La imposición de un mínimo del 54% de generación estatal obliga a revisar la rentabilidad de las inversiones en plantas de generación, especialmente aquellas con tecnologías intermitentes o de mayor costo operativo. La adaptación de modelos financieros y operativos se vuelve imprescindible para competir en un mercado donde la planificación vinculante de la SENER definirá los calendarios y áreas prioritarias.
- Nuevas Reglas de Despacho y Acceso al Mercado: El mercado eléctrico mayorista (MEM) se regirá por nuevos criterios que privilegian el despacho económico, pero con restricciones que garanticen la continuidad y seguridad del servicio. Las empresas privadas deberán alinearse a estos criterios y estar atentas a las disposiciones en materia de tarifas, certificación de energías limpias y sistemas de almacenamiento, fundamentales para el soporte de las energías renovables.
- Oportunidades en Tecnologías Limpias e Innovación: La promoción de la transición energética, el fortalecimiento de los Certificados de Energías Limpias (CEL) y la apertura a nuevos modelos de cogeneración e inversión mixta, ofrecen un amplio campo de desarrollo para soluciones tecnológicas y de eficiencia. Iniciativas en almacenamiento de energía, sistemas de medición y control, así como en la integración de energías limpias, pueden beneficiarse de incentivos fiscales y financieros.
- Gestión Integral del Riesgo Regulatorio: Con la consolidación de la autoridad regulatoria en la CNE y la centralización de la planeación en la SENER, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos adquieren un protagonismo aún mayor. La elaboración de estrategias de compliance que permitan anticipar cambios y adaptarse a nuevos lineamientos será fundamental para mitigar incertidumbres y aprovechar oportunidades.
La reforma energética no solo tiene un impacto técnico y operativo, sino que también responde a una visión política y social que busca devolver al Estado la soberanía sobre los recursos energéticos, considerada esencial para garantizar el bienestar del pueblo. Las recientes declaraciones de autoridades y los debates en el Senado reflejan la polarización existente entre quienes defienden un modelo de mayor intervención estatal y aquellos que abogan por la apertura total al sector privado.
En este contexto, se destacan dos ejes fundamentales:
- Justicia Energética: La incorporación de políticas que buscan reducir las desigualdades en el acceso a la energía, garantizar precios competitivos y fomentar el desarrollo regional, orienta el proyecto hacia un modelo más inclusivo. La justicia energética se traduce en mecanismos que promuevan la equidad en la distribución de los beneficios y en la protección de los derechos de las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura.
- Transparencia y Eficiencia en la Gestión de Recursos: El fortalecimiento de la trazabilidad y el establecimiento de criterios claros para la emisión de permisos y la supervisión de tarifas buscan dar certeza jurídica y operativa a todos los actores del sector. Esto no solo mejora la confianza en el mercado, sino que también facilita la implementación de proyectos que integren la visión de un desarrollo sostenible y responsable.
El paquete legislativo de 2025 representa un hito en la historia del sector energético mexicano. La combinación de un modelo centralizado y la apertura controlada para la participación privada configura un nuevo escenario en el que la eficiencia, la transparencia y la justicia energética se posicionan como pilares fundamentales. Para los altos directivos y tomadores de decisiones, el desafío consiste en transformar estas regulaciones en oportunidades de negocio, adaptando estrategias que integren innovación tecnológica, gestión de riesgos y colaboración público-privada.
Vemos el nuevo marco regulatorio con gran potencial para hacer más atractiva la inversión en México (más atractiva que en los últimos años, por lo menos), sobre todo en sectores de energías limpias, almacenamiento y tecnologías innovadoras. Al establecer reglas más claras, con criterios vinculantes de planeación y trazabilidad, se crea un ambiente de mayor certeza jurídica, esencial para atraer capital privado. Asimismo, las modalidades de inversión mixta, junto con las oportunidades en generación distribuida y autoconsumo, abren espacios para que el sector privado se asocie estratégicamente con el Estado. No obstante, la elevada intervención estatal y la prevalencia de la CFE podrían limitar la competitividad en ciertas áreas del mercado.
En definitiva, la reforma no solo redefine las reglas del juego, sino que invita a repensar la forma en que se aborda la inversión y la operación en un sector estratégico para el desarrollo nacional. Queda claro que, en este nuevo paradigma, la capacidad de adaptación y la visión de largo plazo serán determinantes para prosperar en un entorno en constante transformación.
