La regulación ya existe. El verdadero desafío ahora consiste en estructurar proyectos jurídicamente sólidos, financieramente viables y capaces de atraer inversión de largo plazo.
Por: Luis Orlando Pérez Gutiérrez
Socio Fundador
BFT Legal Consulting
Durante los últimos meses se ha hablado mucho sobre baterías, almacenamiento de energía y el contenido de las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (las “DACG”), emitidas por la Comisión Nacional de Energía el 16 de abril de 2026. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el aspecto más relevante para empresarios e inversionistas ha recibido mucha menos atención. Como hemos procurado hacerlo en los apuntes regulatorios anteriores, dejaremos de lado la explicación técnica de las nuevas reglas, que ya ha sido ampliamente abordada, para analizar lo que realmente puede cambiar la manera de hacer negocios en el sector eléctrico mexicano.
El verdadero cambio no consiste únicamente en reconocer nuevas modalidades de almacenamiento o establecer requisitos para su integración al Sistema Eléctrico Nacional. Lo verdaderamente relevante es que, por primera vez, el almacenamiento deja de ser visto únicamente como una solución tecnológica y comienza a consolidarse como un activo susceptible de estructurarse, financiarse y monetizarse bajo distintos modelos de negocio. En consecuencia, la pregunta ya no es si las baterías funcionan, la tecnología ha demostrado desde hace años su madurez en los principales mercados internacionales, sino cómo convertir un sistema de almacenamiento en un proyecto atractivo para inversionistas.
La respuesta dependerá mucho menos de la tecnología que de la forma en que se estructure el proyecto desde sus primeras etapas: la modalidad regulatoria bajo la cual se desarrollará, sus fuentes de ingresos, la adecuada asignación de riesgos y la capacidad de generar flujos suficientemente predecibles para atraer financiamiento. Porque, al final del día, las baterías no buscan inversionistas; los proyectos sí. Y serán la calidad de su estructuración jurídica, financiera y regulatoria, más que la tecnología por sí sola, la que determinará cuáles proyectos logren materializarse y cuáles permanezcan únicamente como buenas ideas.
Hasta hace poco, el almacenamiento de energía se analizaba principalmente desde la óptica tecnológica. Hoy, gracias al nuevo marco regulatorio, también comienza a analizarse desde la perspectiva del negocio y la inversión.
Precisamente ahí radica uno de los principales cambios que introducen las DACG. Más que regular una tecnología específica, establecen por primera vez un marco jurídico que reconoce al almacenamiento como una actividad con reglas propias de integración al Sistema Eléctrico Nacional, distintas modalidades de participación y diferentes posibilidades de monetización. En términos de negocio, esto representa un cambio significativo porque el almacenamiento deja de ser únicamente un costo asociado a otro proyecto y comienza, dependiendo de cómo se estructure, a convertirse en un activo capaz de generar ingresos, optimizar costos, respaldar operaciones o prestar servicios al propio sistema eléctrico.
Este cambio también modifica la forma en que debe analizarse una inversión. Tradicionalmente, la conversación comenzaba con preguntas sobre la capacidad de la batería, su tecnología o su vida útil. Hoy, esas variables siguen siendo importantes, pero han dejado de ser el punto de partida. La primera pregunta debería ser otra: ¿cuál será la función económica del proyecto y bajo qué modalidad regulatoria podrá capturar valor?
Desde nuestra experiencia, muchas empresas comenzarán analizando el almacenamiento como una decisión tecnológica. Probablemente esa sea la aproximación equivocada. La conversación debería comenzar mucho antes: entendiendo cuál es el problema energético, financiero u operativo que se pretende resolver. Sólo después tendrá sentido hablar de baterías.
La diferencia puede parecer sutil, pero no lo es. Una misma tecnología puede responder a modelos de negocio completamente distintos. Un sistema de almacenamiento instalado en una planta industrial buscará reducir costos operativos o fortalecer la continuidad de procesos. El mismo sistema, instalado junto a una central renovable, puede incrementar el aprovechamiento de la generación y mejorar su perfil de entrega. En cambio, un sistema independiente podrá obtener ingresos mediante la comercialización de energía, Potencia, Servicios Conexos o contratos específicos de respaldo, siempre sujeto a las condiciones previstas en la regulación aplicable.
Por ello, probablemente el principal acierto de las nuevas disposiciones no sea únicamente permitir la incorporación de baterías al Sistema Eléctrico Nacional, sino ofrecer un marco regulatorio que permite comenzar a estructurar modelos de negocio diferenciados alrededor del almacenamiento. A partir de ahora, el éxito de un proyecto dependerá mucho menos de la tecnología elegida y mucho más de la forma en que se diseñe su estrategia jurídica, regulatoria, comercial y financiera desde el inicio.
Uno de los errores más comunes es pensar que un proyecto se vuelve bancable cuando consigue quien esté dispuesto a financiarlo. En realidad, la bancabilidad comienza mucho antes, desde la forma en que se estructura el proyecto.
Las nuevas DACG abren distintas alternativas para monetizar un sistema de almacenamiento; sin embargo, ninguna de ellas garantiza por sí misma que el proyecto resulte atractivo para inversionistas o instituciones financieras. Lo que verdaderamente evaluará el mercado será la capacidad del proyecto para generar flujos de efectivo predecibles, asignar adecuadamente los riesgos y operar bajo un marco regulatorio suficientemente estable.
En ese sentido, el almacenamiento deja de ser únicamente una decisión tecnológica para convertirse en un ejercicio integral de estructuración jurídica, financiera y contractual. Aspectos como la modalidad regulatoria elegida, la estrategia de ingresos, la asignación de riesgos entre las partes, los contratos de largo plazo y la capacidad de adaptación ante futuros cambios regulatorios probablemente tendrán un mayor impacto en la viabilidad del proyecto que la tecnología utilizada.
Al final, las baterías podrán ser prácticamente las mismas; lo que diferenciará a los proyectos exitosos será la calidad de su estructuración.
Uno de los aspectos más interesantes de las DACG es que reconocen que el almacenamiento puede generar valor de distintas maneras, dependiendo de quién invierta y del objetivo que persiga el proyecto. No existe un único modelo de negocio, ni una sola forma de monetizar un sistema de almacenamiento.
Para algunas empresas industriales, el beneficio estará en reducir riesgos operativos, administrar mejor su consumo eléctrico o aprovechar con mayor eficiencia su generación renovable. Para otros participantes, el almacenamiento podrá convertirse en un activo capaz de participar en el Mercado Eléctrico Mayorista, prestar Servicios Conexos, respaldar proyectos renovables o atender necesidades específicas del propio Sistema Eléctrico Nacional. Cada modelo tendrá fuentes de ingreso, perfiles de riesgo y requerimientos regulatorios completamente distintos.
Es ahí donde la conversación deja de centrarse en la tecnología y comienza a enfocarse en la estrategia. Antes de seleccionar un fabricante, dimensionar una batería o comparar especificaciones técnicas, conviene responder una pregunta mucho más importante: ¿qué problema de negocio resolverá el proyecto y de dónde provendrán realmente sus ingresos o ahorros? Esa respuesta será la que, en buena medida, determine si el proyecto tiene posibilidades reales de atraer inversión y generar rentabilidad y crear valor en el largo plazo.
Las DACG representan un paso importante para el desarrollo del almacenamiento de energía en México, pero por sí solas no garantizan el éxito de los proyectos. Como ocurre en cualquier mercado emergente, la regulación únicamente establece las reglas del juego; serán los participantes quienes, mediante una adecuada estructuración jurídica, regulatoria, financiera y comercial, logren convertir el almacenamiento en un activo capaz de generar valor. Para empresarios e inversionistas, el reto ya no consiste en decidir si vale la pena incorporar esta tecnología, sino en identificar cómo puede crear ventajas competitivas, reducir riesgos o desarrollar nuevos modelos de negocio. En los próximos años veremos muchas baterías instaladas; sin embargo, las inversiones que realmente marcarán la diferencia serán aquellas que transformen esa tecnología en proyectos económicamente viables, jurídicamente sólidos y sostenibles en el largo plazo. La primera pregunta ya no debería ser qué batería comprar, sino qué modelo de negocio se quiere construir alrededor del almacenamiento, porque, al final del día, las baterías podrán almacenar electricidad; los proyectos bien estructurados serán los que verdaderamente generen valor.
