Por Amado Villarreal
En Perspectiva
Hace poco más de una década, Martin Feldstein, economista de referencia global, exasesor económico principal del presidente Ronald Reagan y expresidente del National Bureau of Economic Research, publicó en Project Syndicate un análisis que, visto desde hoy, resulta tan ambicioso como revelador. En ese texto, escrito en el contexto de la reforma energética mexicana de diciembre de 2013, Feldstein planteaba que México estaba frente a una oportunidad histórica para detonar un ciclo prolongado de crecimiento económico, apoyado en la apertura del sector energético, la atracción de inversión extranjera y la incorporación de tecnología de frontera. Para Feldstein, la reforma no era un ajuste sectorial, sino un verdadero parteaguas estructural que podía convertir a México en la estrella económica de América Latina durante la década siguiente.
Su diagnóstico partía de una lectura crítica del modelo energético previo. Un sector completamente estatal, dominado por Pemex como monopolio integral, carecía de las capacidades técnicas y financieras necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. México no contaba con tecnología para exploración en aguas profundas, tenía limitaciones severas para reactivar campos maduros y no disponía de herramientas para explotar recursos no convencionales. A ello se sumaba una restricción constitucional que impedía cualquier forma de participación extranjera directa o indirecta, cerrando el acceso a capital, tecnología y mejores prácticas operativas. En ese contexto, Feldstein subrayaba el mérito político del gobierno de Enrique Peña Nieto al construir una mayoría legislativa, reformar la Constitución y aprobar un nuevo marco legal que abría el sector energético a la inversión privada, bajo el argumento de que los beneficios económicos y tecnológicos justificaban ampliamente el costo político del cambio.
Desde su perspectiva, la reforma energética completaba un proceso iniciado con el TLCAN en 1994: la transición de México hacia una economía profundamente integrada con Estados Unidos y Canadá. El aumento esperado en la producción de petróleo y gas no solo fortalecería la seguridad energética regional, sino que consolidaría la competitividad de la manufactura mexicana. Feldstein enfatizaba que, desde la entrada en vigor del TLCAN, las exportaciones manufactureras mexicanas se habían multiplicado por diez, con cerca del 80% dirigido al mercado estadounidense y con cadenas de valor altamente integradas, donde aproximadamente el 40% del valor agregado provenía de insumos de Estados Unidos. En ese modelo, el acceso a energía abundante y barata se convertía en una ventaja decisiva.
Un elemento central de su optimismo era el gas natural. Feldstein veía en el acceso al gas barato de Estados Unidos y Canadá un detonador clave para la industria petroquímica y la manufactura en general. En ese momento, el precio del gas en América del Norte era aproximadamente la mitad del precio en México y muy inferior al de Europa y Asia, lo que abría la posibilidad de reducir significativamente los costos energéticos industriales, incluso hasta en un 20% en el caso de la electricidad. A ello se sumaba una visión de transformación institucional: la apertura permitiría introducir gestión profesional en el sector, reducir la influencia sindical en la toma de decisiones y eliminar las restricciones presupuestales que históricamente habían limitado la inversión en Pemex y la CFE.
Feldstein reconocía que este ambicioso proceso descansaba sobre una base macroeconómica relativamente sólida: baja inflación, déficits fiscales y de cuenta corriente manejables, y un tipo de cambio flexible. También advertía riesgos estructurales persistentes, como las deficiencias en educación básica y los problemas de inseguridad, pero consideraba que los beneficios de las reformas energéticas y eléctricas superaban ampliamente estos desafíos. Su conclusión estratégica era clara: la apertura energética aceleraría el crecimiento, elevaría el empleo y los ingresos, mejoraría el nivel de vida y consolidaría el vínculo energético con Estados Unidos y Canadá como una ventaja estructural de largo plazo.
La realidad, sin embargo, tomó un rumbo distinto. En los primeros años posteriores a la reforma, entre 2015 y 2018, sí se observó una participación relevante de empresas privadas nacionales y extranjeras en licitaciones de exploración y producción. No obstante, tras el cambio de gobierno en 2018, el ritmo de apertura se desaceleró de forma significativa y la política energética giró hacia un enfoque más estatista, privilegiando a Pemex y limitando la participación privada. La producción petrolera continuó cayendo durante varios años, afectada por el agotamiento de campos maduros y la ausencia de nuevos descubrimientos relevantes. Para 2025, las metas oficiales de producción rondan los 1.8 millones de barriles diarios, aunque las cifras reales se mantienen por debajo, incluso considerando la producción conjunta de Pemex y operadores privados.
En el mercado del gas y la electricidad sí se ha registrado una mayor integración con América del Norte y una mayor disponibilidad de gas importado, pero el impacto en la reducción de costos energéticos ha sido desigual y, en general, más modesto de lo esperado. Las limitaciones en infraestructura de transmisión, transporte y almacenamiento, así como la incertidumbre regulatoria, han impedido que los beneficios se traduzcan plenamente en competitividad para toda la industria. Al mismo tiempo, Pemex, pese a su reorganización reciente como entidad pública estratégica con mayor autonomía operativa, continúa enfrentando una carga financiera considerable y sigue figurando entre las empresas petroleras más endeudadas del mundo, lo que condiciona su capacidad de inversión y modernización.
En el plano macroeconómico, los resultados tampoco reflejan la transformación anticipada. El crecimiento económico de México ha sido modesto en la última década, con tasas recientes que apenas superan el 1% anual. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el crecimiento del PIB per cápita en este periodo ha sido prácticamente nulo, muy lejos del escenario de expansión acelerada que Feldstein proyectaba como consecuencia de la reforma energética. Los efectos estructurales sobre productividad, inversión y crecimiento agregado han sido limitados y, en muchos casos, diluidos por la falta de continuidad en la política pública.
Vista en retrospectiva, la visión de Feldstein ofrece hoy una lectura inversa que resulta igualmente esclarecedora. Si la apertura energética era, en su análisis, un motor central del crecimiento, su implementación incompleta y su posterior reversión ayudan a anticipar un escenario de bajo o nulo crecimiento económico, una mayor dependencia energética de Estados Unidos y Canadá, y costos energéticos directos e indirectos más elevados para el país. En este contexto, México corre el riesgo de consolidarse como un socio menos confiable dentro del TMEC, no por falta de integración comercial, sino por la limitada disponibilidad y competitividad de su energía. Ello puede traducirse en una inserción manufacturera con bajo contenido nacional, una economía crecientemente terciarizada hacia servicios de bajo valor agregado, un sector primario rezagado y, en última instancia, una erosión gradual del bienestar económico.
La lección estratégica es clara para los tomadores de decisión: más allá del debate ideológico, la energía sigue siendo un factor crítico de competitividad, crecimiento y soberanía económica, más ahora en plena era de la electricidad, según la AIE. La visión de Feldstein, aun no materializada, continúa funcionando como un espejo incómodo de lo que México pudo haber sido, y de lo que aún podría ser, si logra alinear su política energética con una estrategia de desarrollo de largo plazo, donde la apertura del sector es fundamental, la transferencia de tecnología es un elemento clave del crecimiento no solo del sector energético sino del país entero.
