La regulación energética en México ha experimentado cambios significativos a lo largo de lo que va del siglo XXI. Comenzamos con la continuidad de la legislación vieja y desgastada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su monopolio estatal, la centralización de la generación, y el tan polémico autoabastecimiento, que luego fue derogada en 2014 con la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y su monumental paquete de regulación secundaria. Esto fue resultado de la reforma energética de 2013 impulsada por la administración de Peña Nieto, llevada a cabo para dar un giro de 180 grados al altamente centralizado y controlado sector energético en el país, abriendo así el mercado a la competencia y promoviendo la inversión privada, aunque no por mucho tiempo.
Solo un sexenio bastó para frenar, de facto, los avances realizados por la administración priista y para entrar en un panorama general de incertidumbre y, otra vez, cambios regulatorios. Finalmente, estrenamos en octubre de 2024 una nueva etapa de continuidad de la llamada Cuarta Transformación con procesos legislativos y reformas con cambios estructurales importantes que han generado incertidumbre y cuestionamientos sobre el rumbo del sector. La alternancia en el poder ha llevado a cambios drásticos en las políticas energéticas, pasando de un modelo centralizado y estatal a uno más abierto y competitivo, y nuevamente hacia un modelo más controlado por el Estado.
En materia de la impartición de la justicia en México, el 15 de septiembre de 2024, se publicó en el DOF la altamente controvertida reforma judicial, que introduce cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo modificaciones en la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los plazos de gestión de los magistrados y jueces. Entre los aspectos más polémicos y que generan mayor incertidumbre en la industria energética destacan la potencial pérdida de autonomía de los organismos reguladores, la limitación del acceso a la justicia a través del amparo y la concentración del poder en el Poder Ejecutivo. Estas modificaciones podrían afectar la seguridad jurídica de las inversiones en el sector energético, desalentar la competencia y favorecer a empresas estatales en detrimento de las privadas.
El 31 de octubre de 2024, México experimentó un cambio significativo en su marco legal energético con la publicación de otra reforma constitucional. Esta reforma fortalece el papel del Estado en sectores estratégicos como la energía, otorgando a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la categoría de Empresas Públicas del Estado. Esto implica mayores restricciones para la participación de empresas privadas en ciertas actividades.
No podemos perder de vista el ya tan comentado proyecto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados. Como consecuencia de esta enmienda, dejarían de existir, entre otras, el INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pasando las funciones y atribuciones a otras dependencias a cargo del poder administrativo y otras secretarías como SEP, SFP, SENER, SE, SICT. Si bien el proyecto de reforma busca simplificar la administración pública, al mismo tiempo genera gran preocupación sobre la concentración de poder, la transparencia y la independencia de los organismos reguladores, especialmente en sectores estratégicos como el energético.
Como podemos observar, la actual administración está ya transformando la regulación energética del país de forma activa y a paso acelerado, llevándola hacia el camino que han trazado durante los últimos años. Aunque los detalles específicos aún están por definirse a través de las modificaciones a leyes secundarias, esta reforma marca un giro hacia un modelo energético más centralizado y estatal, con implicaciones aún por determinar para la inversión, la competencia y el suministro de energía en el país.
Se habla mucho de riesgos, de retos y oportunidades, del entorno político, de factores macroeconómicos y factores geopolíticos. Tenemos que poner nuestra atención también a qué sigue en materia de educación y capacitación, de flexibilidad y resiliencia, esto aplica tanto para funcionarios públicos como para el resto de los ciudadanos, autoridades reguladoras, generadores, suministradores, tomadores de servicios calificados, usuarios de servicios básicos, en general todos los que vivimos y hacemos negocios en México. Lo que no podemos pasar por alto, es que la energía no se detiene, la industria, el comercio y la sociedad en general, tiene que seguir y no se desaceleran ni se detienen de un plumazo.
La energía en México se encuentra en un estado de constante evolución, impulsada por transformaciones políticas y regulatorias sin precedentes. Como lo afirmó el filósofo y sociólogo Herbert Spencer, “la supervivencia del más apto” no solo se aplica al mundo natural, sino también a las sociedades humanas, y, sobre todo, el contexto energético mexicano. El día de hoy esta máxima cobra especial relevancia, la capacidad de adaptarse a los cambios constantes es fundamental para sobrevivir y prosperar en el sector energético. Las empresas, los gobiernos y los ciudadanos deben estar dispuestos a evolucionar y adoptar nuevas tecnologías y modelos de negocio.
Por: Luis Orlando Pérez Gutiérrez
Socio Fundador, BFT Legal Consulting
