José María, un gusto tenerte en esta sección de la revista Energy Insights. José María Lujambio, socio de Cacheaux, Cavazos & Newton, una firma legal binacional México – Estados Unidos. Es muy interesante tener esta entrevista contigo por la visión más externa de la de quienes estamos acá en México.
Muy amable y te agradezco mucho, Amado. Es un placer participar con ustedes y un gusto poder tener acceso a tu distinguido público.
Empezando esta entrevista, cuando estuvimos en la administración federal pasada del gobierno de México, con Andrés Manuel López Obrador, tuvimos prácticamente varios años de mucho litigio en el sector energético. Ahora, con la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México hay un discurso muy a favor de las energías renovables, incluso a favor de la electromovilidad. Empezamos a ver una apertura hacia las energías limpias y, aparentemente, hacia la participación del sector privado en el sector energético; parece haber una mayor conciliación entre sector público y sector privado. En el arranque de esta nueva administración que cumple un año, ¿cómo percibes el entorno desde una perspectiva legal?
Es un entorno de grandes cambios desde el punto de vista jurídico porque, lo que estamos viviendo en los últimos meses, es la implementación de una reforma constitucional. A veces pasamos un poco de vista el hecho de que hubo una reforma a la Constitución mexicana en octubre del año pasado, que sí modificó algunos aspectos estructurales de nuestro sector energético.
Recordarás que en aquella reforma se estableció el principio de que los particulares no tendrían prevalencia sobre la empresa pública del Estado en las actividades competitivas como generación y comercialización de energía eléctrica. También se plasmó ahí que el servicio público de electricidad es una actividad estratégica, incluso se estableció que el control del Sistema Eléctrico Nacional estaría a cargo de una empresa pública del Estado, lo que hacía suponer que el CENACE iba a regresar al ámbito de la CFE; al final esto último no fue así. Son cambios fundamentales que fueron perfilando un abandono parcial del modelo de libre competencia en la mayor parte de las actividades del sector energético con una regulación autónoma de la política y de los agentes económicos.
Ahora lo que tenemos es este modelo de planeación vinculante, por usar la terminología de las nuevas leyes. Yo diría que es un modelo híbrido en donde sí hay participación de los particulares en la gran mayoría de las actividades del sector, pero con esta prevalencia o prioridad de las empresas públicas del Estado formalizada jurídicamente. Ese fue el gran intento del presidente López Obrador durante su administración: dar prioridad a las empresas del Estado, pero eso se topaba con el artículo 28 de la Constitución, el cual establece el principio de libre competencia y libre concurrencia. Entonces, todos los actos y normas que favorecían a las empresas del Estado obviamente eran impugnados por las empresas privadas afectadas.
Como precisamente lo decías, vivimos esa época de judicialización del sector energético, pero ahora ya tenemos otras bases jurídicas. Esa prioridad para las empresas del Estado ya está legalizada, y en el caso de la electricidad, literalmente constitucionalizada. A nivel de las leyes del sector eléctrico y del sector hidrocarburos, que se publicaron en marzo de este año, se fue aterrizando en qué consistiría esa prevalencia de CFE en sus actividades y esa posición privilegiada que también va a tener PEMEX en sus respectivos nichos.
Vivimos entonces tiempos de cambios, de implementación de esas reformas importantes y, por lo tanto, son tiempos de cierta incertidumbre. A fin de cuentas, los procesos de implementación llevan su tiempo. Los reglamentos de las leyes se esperaban para mediados de septiembre, tardaron un par de semanas más y ya había mucha inquietud en el sector energético por contar con respuestas a preguntas.
Ya tenemos los reglamentos, entonces, en ese tercer nivel normativo (Constitución, leyes, reglamentos), y ahora la CNE está empezando a emitir algunas regulaciones sobre ciertos temas. Habrá que tener paciencia para que, por ejemplo, algunas empresas tomen decisiones definitivas de inversión o los usuarios se decidan a implementar proyectos de autoconsumo.
En fin, los tiempos de cambio normativo suponen un cierto grado de incertidumbre, aunque el ambiente es positivo porque se acabaron los tiempos de la judicialización y ahora tenemos reglas que parece que van a ser estables. No es el modelo regulatorio ideal, hay que decirlo con todas sus letras, pero al menos sabemos las reglas con las que vamos a jugar durante los próximos años y eso, de entrada, aporta tranquilidad.
Aprovechando que hablabas de PEMEX, surge un plan estratégico para PEMEX. En el inter hay esquemas y vehículos financieros para seguir inyectando recursos a Pemex con la intención de que deje de depender de recursos públicos hacia el 2027. Se anuncian proyectos muy ambiciosos en petroquímica, que es todo un sector de alta inversión al margen de los esfuerzos que hay en extracción, exploración y los pozos en aguas someras y en aguas profundas.
El plan es muy abierto y atiende varios subsectores, plantea casi el hecho de que vamos a confiar en PEMEX para inyectarle los recursos necesarios ahorita, pero eventualmente deberá de dejar de requerir más recursos a partir del 2027. Dentro de todo esto hay una temática que está asociada a los contratos mixtos y a la participación público-privada en proyectos. ¿Cómo los ves tú? He visto que por ahí hay algunos de esos contratos, se han mencionado algunas empresas, sin embargo, no queda muy claro si eso ya está operando. Al margen de que esté operando o no, ¿cuál es tu visión en términos legales de este tipo de contratos?, ¿están creando las condiciones para realmente atraer inversión?
En 2013 y 2014 se tuvo la discusión sobre cuál era realmente el mejor mecanismo para atraer inversión a México en los ámbitos de exploración y extracción de petróleo y gas. En ese momento se decidió que era a través de contratos con el Estado mexicano a través de las famosas rondas de licitaciones donde el gran incentivo para los participantes era poder llevarse producción, es decir, que sean contratos de producción compartida. Cualquier otro esquema diferente, empezando por el de utilidad compartida, en la manera en que el particular se involucra con la producción, siempre va a ser subóptimo: no va a ser lo que atraiga a los grandes jugadores.
Entonces, probablemente vaya a haber algunos participantes interesados en las nuevas reglas. Por ejemplo, hemos estado viendo cómo a lo largo de los últimos años ha crecido de manera importante la participación de Grupo Carso en el sector energético mexicano. Si ese tipo de participantes encuentran la manera de forjar alianzas con PEMEX, no es mala noticia. Yo lo que quisiera ver es un poco más de transparencia en la definición de quiénes son esos aliados y, en cualquier caso, que se elijan siempre bajo criterios estrictamente técnicos y de viabilidad económica.
Por todo esto, creo que no es el momento para echar las campanas al vuelo sobre los contratos mixtos en el upstream. Sin embargo, algo parece moverse, frente a la parálisis y las tensiones vividas durante la administración pasada. Yo creo que esa etapa ya quedó superada.
Desde este ambiente legal, asociado a tu visión y contacto empresarial con el sector energético de Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción?, ¿realmente hay un interés de participar en inversión en el sector?
En términos generales, no solo en el upstream de los hidrocarburos, lo que percibo es una cierta curiosidad, vamos a decir, por los cambios que se están produciendo en México. Curiosidad por saber si realmente la presidenta Sheinbaum trae una política energética diferente a la del presidente López Obrador y en qué sentido. Entonces, empieza a haber preguntas sobre por dónde van los cambios y cuáles son las áreas específicas de oportunidad que se abren en este nuevo entorno regulatorio.
No hay mucho entusiasmo, la verdad. No estamos en 2014 o 2015, cuando había cualquier cantidad de eventos en Houston y en muchas ciudades en Estados Unidos, con un gran interés por saber qué estaba pasando en México. Por el contrario, ahora hay incluso cierta indiferencia porque han sido años duros.
Al día de hoy, por ejemplo, extrañamos a ciertos pequeños y medianos desarrolladores estadounidenses de centrales eléctricas limpias que vinieron a México hace 10 años y fueron exitosos en algunos proyectos, gente que dio batallas épicas por el acceso abierto, gente de buena fe y de mucho trabajo, culturalmente sensible. Ese tipo de desarrolladores independientes que sí tienen qué perder ya no van a regresar a este nuevo entorno.
Dentro de este marco, también tuvimos una reforma al Poder Judicial. Sabemos cómo se determinó, sabemos cómo se dio ese proceso (aparentemente con muy poca participación de la población), no sé qué tan legítimos sean estos nombramientos de jueces y magistrados. Desde el ámbito legal, ¿cómo percibes este cambio?, ¿ésto está poniendo otro obstáculo adicional más?
Indudablemente. Es como el elefante en el cuarto cuando uno está hablando acá en Estados Unidos sobre oportunidades de inversión en México. Es inevitable reconocer que el Estado de derecho en México presenta una situación más defectuosa que la que tenía hace dos años, con un poder judicial ya abiertamente politizado. Es ingenuo pensar que la política fuera ajena a la justicia bajo el sistema anterior, eso no es así; aquí el problema es el origen de la legitimidad de los jueces. Si ésta es popular, igual que la de los poderes Ejecutivo y Legislativo, entonces se desvanece la posibilidad de controles y la división de poderes se vuelve una quimera.
La realidad es que, en el sector energético, el papel del Poder Judicial fue clave durante la administración anterior para defender el marco constitucional que teníamos en ese momento y que incluía, como he dicho, los principios de libre competencia y libre concurrencia, además de, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano. En estas premisas se basaron empresas privadas y ONGs para litigar contra una serie de medidas del gobierno que eran contrarias a esas normas constitucionales, y muchas veces fueron exitosas. Varios de esos asuntos llegaron hasta la Suprema Corte y ésta privó de validez a algunos de esos actos, lo cual fue contribuyendo a un clima de confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Obviamente, no fue solo el sector energético donde hubo estos problemas, sino en el ámbito de la Guardia Nacional y su mando militar, en el ámbito electoral, en fin, hubo muchas leyes que fueron invalidadas por la Corte, enfureciendo al presidente López Obrador. Como en ese momento él no tenía asegurada la mayoría calificada para poder impulsar reformas a la Constitución, su política energética terminó fracasando hasta el último momento; hasta que finalmente, en la elección pasada, sí logran esa mayoría calificada que les permite terminar de cambiar el régimen jurídico. Ahí estamos ahora.
No estamos en el mejor escenario en términos de certidumbre. Lo que recomendamos a las empresas es evitar al poder judicial para controversias entre particulares. Entonces, cada vez vamos a ver más mecanismos alternativos de solución de controversias, o sea, arbitrajes, mediaciones u otros donde la disputa no se le lleve al Estado, sino que se les pague a unos especialistas para que nos ayuden a resolverla. Eso es muy común y cada vez lo será más. Donde está la mayor preocupación es en conflictos entre particulares y autoridades, en juicios como el de amparo para la protección de derechos. Ahí sí, todos los habitantes y empresas en México estamos hoy en una situación más precaria.
Retomando el tema de la inversión, Estados Unidos también está cambiando su política energética. A raíz de la entrada de presidente Trump y bueno, con el Big Beautiful Bill Act, prácticamente quitó los incentivos a las energías limpias y a las energías renovables, dando un impulso tremendo al carbón, al petróleo y al gas. Pareciera que ahora, aparte de que México no está creando el mejor ambiente de inversión, Estados Unidos está creando el paraíso para la inversión de las energías fósiles.
He constatado que las empresas del sector energía son muy resilientes, o sea, te pueden estar invirtiendo en Medio Oriente a pesar de conflictos bélicos que pueda haber por allá y bien que mal ahí están las inversiones. Sin embargo, hay algo que no les puedes tocar y es justamente el estado de derecho, porque es ahí cuando ya no puedes hacer nada contra eso, es prohibitivo el poder hacer inversión. ¿Cuál es tu percepción de esto?
Efectivamente, sobre todo cuando hay el riesgo de perder definitivamente inversiones ya realizadas, activos en operación, que de pronto se vean en un peligro de ser expropiados, ocupados o intervenidos de cualquier manera. Ese es el peor de los escenarios, cuando ya tienes los fierros ahí y te los quitan. Creo que estamos lejos de un escenario como tal; ni siquiera fue así durante la administración pasada en la que hubo una serie de medidas contrarias a la participación privada, por ejemplo, en generación eléctrica eólica y solar. Estas fueron medidas regulatorias como órdenes del CENACE de no inyectar energía, o bien la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que daba prioridad a CFE en el despacho, pero nunca llegamos a ver una expropiación o una ocupación de instalaciones. Cosas que, por ejemplo, sí se vivieron en algunos casos en terminales de almacenamiento de petrolíferos.
En definitiva, no observo una dinámica expropiatoria: no la hubo en la administración pasada, mucho menos la va a haber en esta. Más bien, la preocupación está en los medios de defensa contra actos puntuales que afecten, por ejemplo, la posición de una empresa en el despacho eléctrico, ante un regulador extinto y un Poder Judicial debilitado. Y ahora, con las reformas a la Ley de Amparo que dificultan el uso de ese mecanismo para la defensa de derechos, el panorama es más sombrío.
Pasando al tema eléctrico. Éste está muy asociado a los candados, por decirlo así, que se han abierto un poco; pasando desde la generación exenta que cambió de 0.5 a 0.7 MW y toda esta parte del autoconsumo interconectado que va hasta los 20 MW. Como bien marcabas, aparecieron los reglamentos, pero seguimos viendo que este proceso sigue muy lento. Pareciera que ahí se abre una puerta o una ventana a la inversión; y bueno, arriba de 20 megas tendrás que pasar a un proceso de vinculación público-privada que tendrá que estar muy alineado a los planes de gobierno y al impacto social. Pero, lo que se percibe es la lentitud, estamos prácticamente en una economía detenida y estas decisiones se están haciendo de manera muy lenta. ¿Cómo lo percibes?
Para analizar la implementación de la reforma eléctrica, conviene dividir el análisis en los diferentes segmentos. En el más pequeño de generación exenta y distribuida, es muy positivo el mero aumento a 700 kW de la capacidad que no requiere permiso; claro que hubiera sido bueno incrementarla más, pero entiendo que el gobierno quiso ser cauteloso por el estado que guardan las Redes Generales de Distribución. Entonces, vamos viendo cómo funcionan con 200 kW más como máximo por central eléctrica.
Desde luego, convendría que se publique rápidamente la regulación. Por ejemplo, que se modifique el modelo de contrato de interconexión para este tipo de centrales o se haga cualquier ajuste al procedimiento de interconexión o al mecanismo de contraprestaciones que se pagan. Ahora sigue funcionando el net metering, pero hace algunos años hubo cierta discusión sobre si seguía justificándose en media tensión. En fin, hay trabajo por hacer para aterrizar los avances, pero la perspectiva es prometedora.
En el siguiente escalón, la ley establece que el autoconsumo interconectado con capacidad entre 0.7 y 20 MW tendrá un procedimiento simplificado para la obtención de sus permisos. No se prevé ningún otro tipo de incentivo, ni tampoco se establece nada, por ejemplo, sobre el autoconsumo no interconectado, es decir, empresas que simplemente quisieran su generación en sitio sin interés por vender excedentes.
La CNE emitió hace poco el acuerdo sobre los requisitos para este tipo de permisos. Observamos algunos matices y requisitos un poco más ligeros. No es que sea un procedimiento más ágil ni que el permiso se tramite más rápido, sino simplemente que la autoridad exige menos detalle en algunos aspectos, por ejemplo, el plan de negocios.
Cierta crítica es que 20 MW es muy poca capacidad si se estuviera pensando en incentivar, por ejemplo, la generación en sitio para centros de datos de inteligencia artificial. Estos necesitan generación 24/7, pero los importantes requieren capacidades de 100 MW o más. Como quiera, qué bueno que el gobierno esté pensando en esta modalidad para favorecer que las empresas puedan tener acceso a electricidad en sitio y, si es limpia, mejor. Ojalá que realmente florezcan masivamente este tipo de proyectos.
El tercer segmento es la generación a gran escala. Recientemente se publicó una convocatoria con base en los criterios de planeación vinculante para decidir a cuáles proyectos les va a dar prioridad el Estado mexicano. La convocatoria estableció plazos muy estrechos y ya se ha tenido que modificar un par de veces. En realidad, el desarrollo de este tipo de proyectos lleva meses y muchísimos stakeholders tienen que estar alineados. Eso no se logra en unas cuantas semanas solo porque el gobierno emita una convocatoria para dar celeridad a ciertos proyectos.
La otra gran pregunta es: ¿quién va a comprar esa electricidad? Porque en las subastas que organizaba antes el CENACE, CFE Suministrador de Servicios Básicos era el ancla de todo el proceso como comprador. Aquí nada más es una convocatoria para definir cuáles proyectos son prioritarios, pero cada uno debe buscar sus off–takers. Sí se puede, pero es complicadísimo. En cualquier caso, es muy buena noticia que se haya lanzado esta primera convocatoria, que en el gobierno estén pensando ahora sí en proyectos de generación limpia a gran escala, y ojalá tengan mucho éxito.
El otro gran tema ahí es que mezclan estas convocatorias, pero tienen que estar más o menos orientadas a la planeación que, de alguna manera, está vinculado al Plan México, que está ligado a los polos de desarrollo. Entonces, es una manera de encausar a través de la energía las decisiones de inversión productivas o industriales, lo que todavía lo hace más complejo.
Sí es importante tener energía para desarrollar los proyectos, pero ¿por qué tendría que tener una actividad determinada? Por ejemplo, autopartes en “x” región o polo de desarrollo. Como que la están forzando mucho.
Huele mucho a planeación centralizada, es decir, el Estado decide dónde se necesita la energía. Eso inhibe la participación, por supuesto. Más o menos se sabe quién sí está participando en esto, sobre todo porque ya tocaron previamente las puertas del gobierno y ya tienen amarrado políticamente el proyecto. Eso no es propiamente un mercado y ahí no hay una competencia efectiva que maximice la creación de valor.
Donde primero pensamos que se abría una puerta, después pensamos que una ventana y luego esta ventana parece que está abriéndose muy despacio. Luego, cuando le empiezan a meter el acelerador pareciera que es una planeación centralizada en donde están llevando inversiones a donde el Estado quiere que se lleven, pero como bien dices, no necesariamente en un ambiente de competencia de mercado.
Así es. No hay que obviar, de cualquier manera, que también hay cosas positivas donde el gobierno está tratando de poner mucho énfasis. Por ejemplo, lo que antes era la evaluación de impacto social y ahora se llama manifestación de impacto social del sector energético, con la gran diferencia de que ahora es vinculante. Entonces, ahora sí, lo que se diga en esas autorizaciones de la SENER va a obligar a los particulares.
El gobierno se está fijando en que haya derrama de los beneficios económicos y sociales de los proyectos. Eso está muy bien, pero esperemos que no los procedimientos no se burocraticen y terminen bloqueando los proyectos.
¿No crees que ahí estamos confundiendo la política energética con la política industrial y con la política social? O sea, que estemos haciendo una mezcla medio rara.
Sí se trata de empujar un poco a los desarrolladores de proyectos energéticos a que redistribuyan beneficios, y no es una redistribución fiscal sino mediante requisitos regulatorios. Yo te diría que es de los temas que menos me preocupan, siempre y cuando todo lo demás sí funcione y el gobierno deje que los proyectos avancen.
Entrando a la recta final de nuestra entrevista, viene la negociación del T-MEC. Tú estás en el ambiente legal estadounidense, ¿cómo perciben esto? Del lado de México lo percibimos como una negociación sumamente complicada y no sé si el capítulo energético va a estar ahí incluido. Nos cuesta mucho pensar que, si hablamos de la región de Norteamérica, tengamos políticas energéticas tan distintas, considerando que es un sector que le pega transversalmente a la actividad económica de la región. Si andamos todos por diferentes vías, entonces la temática va a estar compleja.
Yo creo que va a estar en la agenda. Sabemos que hay otros temas de una importancia política tal, que van a superar a la energía por su peso en las discusiones. O sea, la energía va a estar en el lugar cinco, seis o siete entre los grandes temas.
En la administración pasada, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá presentaron al gobierno de México una solicitud para iniciar consultas sobre las políticas energéticas que se estaban adoptando, como primer paso de una eventual controversia bajo el T-MEC. Esas consultas incluían varios temas, el primero de los cuales era cómo se le estaba dando prioridad en el despacho a CFE mediante una ley.
En el T-MEC hay cualquier cantidad de disposiciones que hablan de no discriminación a favor de las empresas del propio Estado. Hay todo un capítulo sobre empresas del Estado que está plagado de expresiones que uno diría: “esto lo violó México, lo violó, lo violó, lo viola y lo viola….”. Aquellas consultas iniciadas en 2022 ya no condujeron a un panel de arbitraje, por ejemplo, como sí se llegó a ello en otros sectores. Pero ahora que se vuelve a abrir la discusión completa, y es de esperarse que nuestros socios comerciales vuelvan a traer a la mesa estas preocupaciones. Ya lo ha dejado ver el gobierno de Estados Unidos en un documento sobre barreras no arancelarias al comercio, en donde claramente dibujan un hilo conductor entre las políticas de López Obrador y la nueva administración, donde la principal diferencia es que antes la prioridad para las empresas del Estado no estaba permitida constitucionalmente. Ahora sí lo está, al menos claramente en electricidad, por lo que parecería incluso más complicado revertirla. México va a tener que explicar por qué eso no viola el T-MEC cuando el tratado claramente exige no priorizar a ciertas empresas solo por ser del Estado. No hay mucho margen para la argumentación de parte del gobierno.
Lo que quizá va a pasar es que Estados Unidos va a usar esto como palanca para presionar en otros temas porque, como hemos visto, la política del presidente Trump va mezclando todos los puntos de la agenda. A lo mejor se le perdona a México tener empresas públicas del Estado privilegiadas a cambio de cierta concesión política o económica, incluso hasta en algún otro sector.
No sé si estamos dejando algo en el tintero que tú quisieras agregar de este panorama que hemos revisado.
Quizá nada más cerrar con un apunte sobre la arquitectura institucional. Teníamos a una CRE que era autónoma del Ejecutivo y ahora tenemos a una Comisión Nacional de Energía que depende directamente de la Secretaría de Energía y que tiene un mandato muy claro de cumplir con las indicaciones del hacedor de la política, cumplir con los criterios de planeación, atender los objetivos de los programas. Entonces, ya nos olvidamos del modelo de Estado regulador, en donde se buscaba aislar ciertas actividades del Estado de los ciclos electorales y la dinámica política, y ahora estamos en este modelo más centralizado.
Más allá de que funcionalmente yo prefiero el modelo anterior, aunque tuviera sus deficiencias, ya estamos extrañando aspectos puntuales como las sesiones públicas de la CRE. Sí era importante contar con un órgano colegiado de comisionados designados por el Senado deliberando en vivo sobre asuntos técnicamente complejos. Aunque a veces no lo hicieran y nada más votaran, el ejercicio de transparencia siempre resultaba valioso. Ahora es un ámbito más opaco; sí te puedes ir enterando de qué hace la CNE, pero es más difícil y ya no existe esa deliberación pública que enriquecía las decisiones sobre permisos y regulaciones. Pero bueno, no queda más que adaptarse a este nuevo mundo y empezar a trabajar con estas nuevas reglas.
Voy a retomar nada más un tema, el T-MEC. Ahorita comentaste que el tema energético estaría en quinto, sexto o séptimo nivel de importancia. ¿No crees que pudiera ser un punto de exigencia de liberalizar el mercado eléctrico? Porque es una relación comercial donde estamos hablando de sectores industriales que son cadenas binacionales. Son cadenas que están completamente atadas y son empresas que están en Estados Unidos y están en México. El insumo de energía, que es cada vez más estratégico, no es solamente un insumo más de tu función de producción, sino que es un elemento de competitividad global.
¿Cómo es posible que pongamos este tema en una escala baja de atención? Si al final de cuentas estamos hablando de comercio y de competitividad regional. ¿No crees que el gobierno de Estados Unidos pondría en la agenda exigir condiciones competitivas para el mercado energético?
Creo que va a haber la exigencia. El problema es que ya hubo una reforma constitucional en la que se dijo: “en electricidad no hay condiciones competitivas”, en el sentido de que hay una empresa del Estado y las demás no pueden prevalecer sobre ella. Ese principio, como ya está en la Constitución, difícilmente va a poderse modificar y que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ceda en algún sentido.
A niveles más operativos estaría la inquietud por acelerar los procedimientos de otorgamiento de permisos de generación, los procedimientos para incremento de carga conectada o para nuevos centros de carga, o ante la lata que muchas veces da CFE a nivel local con trámites eternos y fastidiosos. Ojalá que hubiera una buena sacudida sobre la importancia de que esto deje de ocurrir.
En resumen, a nivel estructural va a estar muy difícil que haya otro cambio constitucional que revierta lo que ya tenemos, pero ojalá sí haya presión para que los procedimientos, la burocracia, toda la actuación del gobierno, particularmente ahora que todavía tenemos que implementar toda una reforma, sean lo más ágiles posibles.
Me parece que Pemex y CFE son la barrera no comercial más importante, ¿no?
En realidad sí, tal cual.
Es una barrera no comercial mutua, o sea, afectamos a nuestro socio y nos afectamos a nosotros mismos, es una cosa impresionante.
Nosotros creemos que no, que cuidamos a las gallinas de los huevos de oro, pero ya son gallinas muy pesadas, muy obesas, y nos cuesta mucho alimentarlas.
José María, te agradezco muchísimo este espacio para Energy Insights y espero que sigamos viéndonos en los próximos foros. Te agradezco muchísimo tu tiempo.
Al contrario, muchísimas gracias a ti por el interés, Amado. Aprecio mucho el acercamiento y la oportunidad de platicar contigo para Energy Insights.
