Por Amado Villarreal
En noviembre pasado, el gobierno de México presentó su Plan de Energía, con un enfoque estratégico en la colaboración público-privada en los sectores de hidrocarburos, electricidad y energías renovables. Este plan destacó avances clave como la ampliación de las capacidades para generación solar distribuida, de 0.5 MW a 0.7 MW, y para el abasto aislado, hasta 20 MW. Estas medidas buscan fortalecer la generación de energía y abrir nuevas oportunidades para la inversión privada, lo que posiciona a México como un país más competitivo en términos energéticos y económicos.
Sin embargo, este panorama se ve ensombrecido por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las expectativas de una renegociación acelerada del TMEC. Este escenario plantea desafíos complejos en las relaciones comerciales entre ambos países, especialmente considerando la retórica proteccionista de Trump y su posible impacto en sectores estratégicos como el energético. En este contexto, México debe prepararse para enfrentar una negociación con herramientas que fortalezcan su posición y demuestren su compromiso con el crecimiento económico y la integración regional de América del Norte.
Por ello, es urgente acelerar la segunda fase del Plan de Energía, estableciendo reglas claras de participación para el sector privado a través de leyes secundarias. Este paso no solo creará un ambiente de inversión más seguro y atractivo, sino que también será una señal contundente de que México está dispuesto a potenciar su relación comercial con Estados Unidos bajo el TMEC. Además, estas leyes secundarias ofrecerían certidumbre para materializar proyectos clave dentro del Plan México, anunciado el 13 de enero, incentivando el crecimiento económico y mitigando el ambiente hostil hacia México. Una estrategia sólida en materia energética puede ser el catalizador para navegar con éxito las complejidades que representa la administración Trump.
