Por Amado Villarreal
Durante décadas, el sistema eléctrico fue considerado principalmente una infraestructura de soporte para la actividad económica. Su función consistía en garantizar el suministro de energía suficiente para hogares, industrias y comercios. Sin embargo, esa visión está quedando rápidamente obsoleta.
Hoy, el mundo no enfrenta únicamente una transición energética. Está experimentando una profunda reconfiguración del sistema eléctrico global, donde convergen fenómenos tan diversos como la digitalización acelerada, la geopolítica de los recursos estratégicos, la descarbonización de la economía y las crecientes presiones económicas y sociales.
La expansión de los centros de datos, la inteligencia artificial, la electrificación del transporte, la manufactura avanzada y las nuevas industrias tecnológicas está impulsando un crecimiento de la demanda eléctrica que pocos países anticiparon hace apenas una década. Al mismo tiempo, las redes eléctricas muestran signos de envejecimiento, los costos de expansión aumentan y los marcos regulatorios diseñados para sistemas más estables comienzan a mostrar limitaciones frente a una realidad mucho más compleja.
Como resultado, el sistema eléctrico global está dejando de ser un sector técnico para convertirse en una infraestructura crítica multisectorial. La discusión ya no se limita a cómo generar más energía, sino a cómo organizar, financiar y gestionar sistemas eléctricos capaces de sostener economías cada vez más electrificadas y digitalizadas.
En este contexto, emerge una paradoja relevante. Aunque las tecnologías renovables continúan reduciendo costos de generación, el precio final de la electricidad enfrenta presiones estructurales al alza derivadas de inversiones masivas en redes, almacenamiento, respaldo operativo, digitalización y resiliencia. El verdadero desafío ya no es producir electricidad, sino hacerlo a un costo sostenible que preserve la competitividad de empresas y países.
México no es ajeno a esta transformación. El país enfrenta una demanda creciente de electricidad impulsada por el nearshoring, la expansión industrial y el desarrollo de nuevas actividades económicas intensivas en energía. Paralelamente, el gobierno federal impulsa un modelo basado en un mayor protagonismo del Estado, encabezado por la Comisión Federal de Electricidad, acompañado de esquemas de participación privada selectiva y controlada.
Más que un contraste absoluto con las tendencias internacionales, la estrategia mexicana representa una ruta distinta para responder a desafíos similares. Mientras diversos países fortalecen mercados eléctricos competitivos y mecanismos de inversión privada para acelerar la expansión de infraestructura, México apuesta por una mayor coordinación estatal en la planeación y desarrollo del sistema.
La interrogante de fondo no será si el país puede incrementar la capacidad de generación, sino si el modelo elegido será capaz de movilizar los recursos financieros, tecnológicos y operativos necesarios para sostener el crecimiento de la demanda en el largo plazo. La verdadera prueba será garantizar confiabilidad, competitividad y sostenibilidad simultáneamente en un entorno donde la electricidad se ha convertido en un factor determinante de desarrollo económico.
La nueva era energética no estará definida únicamente por quién produce más electricidad, sino por quién logra construir sistemas eléctricos resilientes, financieramente sostenibles y capaces de responder a una economía cada vez más dependiente de la energía. En esa competencia global, la calidad del diseño institucional será tan importante como la capacidad de generación instalada.
