Los “Desarrollos Mixtos” redefinen la relación entre el Estado y el capital privado en el sector eléctrico
La publicación en el Diario Oficial de la Federación de los “Lineamientos de los Esquemas para el Desarrollo Mixto de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad”, representa uno de los movimientos regulatorios más relevantes del sector eléctrico mexicano en los últimos años.
Más allá de tratarse de un documento técnico-administrativo, los lineamientos marcan el inicio formal de una nueva etapa en la política energética nacional: un modelo donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene el control estratégico del sistema eléctrico, pero abre espacios estructurados para la participación del capital privado bajo mecanismos de asociación regulados y alineados a la planeación energética del Estado.
El documento, publicado el 28 de enero de 2026, desarrolla las disposiciones previstas en la nueva Ley del Sector Eléctrico y en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, estableciendo los criterios bajo los cuales podrán estructurarse proyectos conjuntos entre la CFE y particulares.
Un nuevo impulso en al modelo energético mexicano
Durante los últimos años, el debate energético en México estuvo marcado por la confrontación entre dos visiones: una centrada en la apertura total al mercado y otra enfocada en fortalecer el papel del Estado a través de la CFE. Los nuevos lineamientos parecen intentar construir un punto intermedio.
La regulación reconoce explícitamente la posibilidad de que la CFE celebre contratos, asociaciones y esquemas de desarrollo mixto con particulares para expandir infraestructura eléctrica, compartir inversiones, costos, riesgos y capacidades operativas.
El nuevo modelo contempla tres tipos de esquemas: Producción de Largo Plazo; Inversión Mixta; y otros mecanismos que pueda definir posteriormente la Secretaría de Energía (SENER).
En términos prácticos, esto abre la posibilidad de desarrollar nuevas centrales eléctricas, infraestructura asociada, sistemas de almacenamiento y productos vinculados al Mercado Eléctrico Mayorista bajo esquemas de coinversión público-privada.
El Estado conserva el control estratégico
Uno de los elementos más relevantes de este nuevo marco normativo es que, aunque se permite la participación privada, la arquitectura institucional mantiene un claro predominio del Estado. En los proyectos bajo modalidad de “Inversión Mixta”, la participación de la CFE no podrá ser inferior al 54% del capital común. Esto implica que el diseño regulatorio busca atraer capital y capacidades técnicas privadas sin perder el control estratégico sobre los activos eléctricos nacionales.
La lógica es consistente con la visión energética impulsada por la actual administración federal: fortalecer la soberanía energética, pero reconociendo las limitaciones presupuestarias y financieras del Estado para expandir por sí solo la infraestructura requerida.
En otras palabras, el mensaje regulatorio es claro: México sí quiere inversión privada en electricidad, pero bajo condiciones donde la planeación, gobernanza y control operativo permanezcan alineados a la política energética nacional.
Un modelo que se percibe financieramente sofisticado
Los lineamientos revelan también un nivel de sofisticación financiera poco común en documentos regulatorios del sector público mexicano, aunque si existentes en el sector de hidrocarburos. Cada proyecto deberá contar con un “Documento Soporte” que integre análisis técnicos, financieros, ambientales, sociales y jurídicos para demostrar la viabilidad integral del proyecto. Además, los modelos económico-financieros deberán incorporar metodologías conocidas de evaluación de proyectos, distribución de riesgos y evaluación detallada de CAPEX, OPEX, financiamiento y obligaciones fiscales.
Esto representa una señal importante para inversionistas institucionales, bancos, fondos de infraestructura y desarrolladores privados: la CFE busca estructurar proyectos bajo estándares financieros comparables a modelos internacionales de project finance y asociaciones público-privadas.
De hecho, la normatividad publicada, permite explícitamente la utilización de vehículos jurídicos y financieros como fideicomisos, asociaciones en participación y sociedades mercantiles.
Energías limpias, almacenamiento y confiabilidad
Aunque los lineamientos no privilegian formalmente una tecnología específica, sí establecen criterios muy claros relacionados con confiabilidad, sostenibilidad, eficiencia y estabilidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional.
La normatividad reconoce incluso la posibilidad de desarrollar proyectos que incluyan almacenamiento de energía eléctrica y productos asociados necesarios para la estabilidad operativa del sistema.
Esto podría abrir espacio para: proyectos solares con baterías, centrales híbridas, sistemas de almacenamiento estratégico, infraestructura de respaldo, y nuevas soluciones tecnológicas vinculadas a flexibilidad operativa.
En un contexto donde México enfrenta crecientes presiones sobre capacidad de generación, transmisión y confiabilidad regional, estos esquemas podrían convertirse en un mecanismo acelerador de inversión energética.
Procesos competitivos… pero con flexibilidad
Otro aspecto particularmente relevante es la flexibilidad otorgada a la CFE para seleccionar inversionistas y socios privados. Aunque la regla general será la licitación pública, los lineamientos contemplan mecanismos excepcionales como: invitación restringida, procesos competitivos de adjudicación, y adjudicación directa.
La adjudicación directa podrá utilizarse incluso cuando un particular controle activos estratégicos indispensables para el proyecto, como terrenos, permisos, concesiones o infraestructura crítica.
Desde la perspectiva gubernamental, esto brinda agilidad para desarrollar proyectos estratégicos en regiones prioritarias o en situaciones críticas para la confiabilidad del sistema.
Sin embargo, desde la óptica del mercado, también surgen interrogantes importantes respecto a transparencia, competencia y certidumbre regulatoria.
El equilibrio entre flexibilidad operativa y confianza del inversionista será uno de los principales retos de implementación.
Todo indica que será una nueva etapa para la CFE
Los lineamientos revelan también una transformación institucional interna dentro de la propia CFE. La creación del “Grupo de Desarrollo Mixto” (GDM), integrado por áreas financieras, jurídicas, operativas, de planeación y representantes de SENER y Hacienda, refleja que la empresa estatal se prepara para operar bajo esquemas mucho más complejos de estructuración financiera y administración de riesgos.
La CFE deja de concebirse únicamente como operador estatal tradicional y comienza a evolucionar hacia un modelo híbrido: empresa pública, desarrollador de infraestructura y estructurador de asociaciones estratégicas.
Esto podría modificar profundamente la dinámica futura del sector eléctrico mexicano, de lograrse implementar con éxito.
El verdadero reto: la ejecución
El potencial de estos lineamientos es significativo. México requiere enormes inversiones en generación, transmisión, almacenamiento y modernización de infraestructura eléctrica. Sin embargo, el éxito de este nuevo modelo dependerá menos del diseño jurídico y más de la capacidad de ejecución institucional.
La velocidad de implementación, la calidad de las licitaciones, la claridad contractual, la estabilidad regulatoria y la capacidad de coordinación entre CFE, SENER, Hacienda y sector privado serán factores decisivos; principalmente este último, que requiere de ambientes de negocios de mayor certidumbre legal.
El mercado energético mexicano observa ahora con atención una pregunta fundamental: ¿Serán estos desarrollos mixtos el mecanismo que finalmente permita destrabar la nueva ola de inversión eléctrica que México necesita?
Porque si estos esquemas logran consolidarse con certidumbre financiera y gobernanza eficiente, podrían convertirse en el instrumento más importante de expansión energética del país en la próxima década.
Reflexión final
Sin duda es un buen avance abrirse a la inversión privada para poder subsanar el déficit de inversión en infraestructura eléctrica en el país. Es de lamentarse el seguir poniendo límites y condiciones excesivas a la participación del sector privado en un país como México, con grandes déficits en infraestructura social, donde su gobierno cada año ve reducir su espacio fiscal. Pero bueno, este es un mejor escenario que el anterior sin duda.
Algo que se destaca es la aparición global o internacional de fondos justamente orientados a el desarrollo de infraestructura energética que impulse la transición energética, aquí es donde podría en realidad venir la mejor respuesta una vez que el modelo avance y realmente muestre resultados, ya que desafortunadamente el marco legal y fiscal parecen ser una de las anclas más difíciles de levantar.
