Por Energy Insights
El pasado martes 15 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, abordaremos el análisis en los temas de energía y medio ambiente.
En particular con el Eje General 4: Desarrollo sustentable, el cual busca promover un equilibrio entre la seguridad energética, la protección del medio ambiente y el bienestar social, con un enfoque integral que prioriza la autosuficiencia, la innovación y la conservación. La estructura de objetivos y estrategias refleja una visión que combina la apuesta por las energías limpias y renovables, la mitigación del cambio climático, la protección de ecosistemas y la gestión eficiente del agua. Sin duda una visión distinta a la que se percibió en la Administración Federal anterior, aún y cuando el tema de hidrocarburos no está afuera de la agenda.
Analicemos objetivo por objetivo:
Objetivo 4.1: Seguridad y soberanía energética con sustentabilidad. Las estrategias clave se centran en impulsar la innovación y formación de talento especializado en tecnología de vanguardia; en la expansión del sistema eléctrico nacional garantizando la producción nacional; en mantener e incrementar la producción de hidrocarburos para reducir la dependencia externa, ampliando las reservas de hidrocarburos mediante exploración sustentable y promoviendo los biofertilizantes en PEMEX para fortalecer la producción agroecológica. Lo anterior fortaleciendo las capacidades operativas y financieras de las empresas públicas PEMEX y CFE.
Este objetivo busca fortalecer la independencia del país en materia energética, combinando la producción de hidrocarburos con la transición hacia tecnologías más limpias. La estrategia de mantener y ampliar reservas de hidrocarburos puede generar cierta tensión, ya que la promoción de energías renovables requiere reducir la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, la apuesta por una visión dual, mantener hidrocarburos mientras se impulsa una economía basada en energías limpias, refleja un interés en asegurar el suministro en el corto y mediano plazo, sin descuidar la soberanía energética.
Los retos se encuentran en equilibrar la exploración y producción de hidrocarburos con la generación de energías limpias y por consiguiente la reducción de emisiones garantizando los recursos públicos y privados necesarios, y que, a su vez, se inviertan en innovación y nuevas tecnologías para avanzar en una matriz más sustentable.
Objetivo 4.2: Impulsar energías limpias y modernizar la infraestructura eléctrica. Este objetivo se acompaña de varias estrategias clave como buscar una transición gradual hacia energías renovables; generando energía en coordinación con comunidades y ejidos; alineando el esfuerzo con los compromisos internacionales; haciendo un uso eficiente y sustentable de recursos energéticos; empleando minerales críticos como litio para fortalecer la industria energética , y energías limpias en el transporte, este último, fomentando su electrificación para mejorar su eficiencia y sustentabilidad.
Este objetivo plasma el cambio de paradigma hacia un sistema energético más limpio, competitivo y socialmente inclusivo. La integración de energías renovables en toda la cadena productiva garantiza mayor sustentabilidad y competitividad, alineándose con los compromisos globales en cambio climático. La atención a minerales estratégicos y a la electrificación del transporte apunta a reducir la huella ambiental y fortalecer la industria.
Los desafíos se encuentran en construir una infraestructura a favor de las energías y tecnologías limpias que sea masiva, confiable y económicamente competitiva. Así como en garantizar que las comunidades involucradas en proyectos de energías limpias tengan beneficios económicos y sociales. A la par, requerirá superar obstáculos técnicos y financieros para la adopción a gran escala.
Objetivo 4.3: Mitigación del cambio climático y protección de la salud del ecosistema. Las estrategias clave que conforman este objetivo implican: reducir emisiones de gases de efecto invernadero; implementar políticas de adaptación y mitigación justas e inclusivas; promover economía circular a través de la gestión de residuos y control de contaminación; mejorar calidad del aire y regular las sustancias químicas peligrosas; desarrollando programas específicos en ciudades con alta contaminación.
Este objetivo demuestra la voluntad de reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos del cambio climático. La incorporación de economía circular y el control de contaminación son esenciales para una gestión ambiental efectiva. El enfoque en justicia ambiental, derechos humanos y salud pública refleja una visión integral que busca no solo reducir emisiones, sino también proteger a las poblaciones más vulnerables.
Los retos principales estarán en coordinar políticas y acciones en ciudades y zonas rurales con diferentes niveles de capacidad institucional; así como impulsar la participación del sector privado y la sociedad en prácticas sustentables y cumplimiento normativo.
Objetivo 4.4: Garantizar el acceso efectivo y equitativo a la energía en regiones con problemas de suministro. Entre las estrategias principales se encuentran las de extender la infraestructura para comunidades rurales y regiones con pobreza energética, asegurando un suministro confiable, asequible y sustentable. Garantizar precios y suministro estables, mediante mecanismos que adapten los costos a las condiciones sociales y económicas y facilitar trámites administrativos y procesos regulatorios para comunidades con infraestructura de autoabastecimiento energético.
Este objetivo apunta a reducir la desigualdad en el acceso a la energía, priorizando las comunidades más marginadas y vulnerables. La estrategia reconoce que la pobreza energética afecta el desarrollo social y económico, además de que la energía es un insumo fundamental para la inclusión social, salud y educación. Promueve un enfoque integral que no solo se centra en infraestructura, sino también en simplificación de procesos, regulaciones justas y sustentables.
Los desafíos se encuentran en garantizar no solo la expansión física de infraestructura, sino también la sostenibilidad y la resiliencia ante fenómenos climáticos y económicos; otro desafío se encuentra en lograr una gestión eficiente y participativa en la operación de sistemas de autoabastecimiento, promoviendo beneficios sociales y económicos; y un tercer desafío se encuentra en sustituir tecnologías contaminantes por opciones limpias y renovables en zonas con poca infraestructura. Sin duda este es un rasgo característico del Plan, bien vale la pena hacer el mayor esfuerzo para alcanzarlo a pesar de los desafíos sociales de inversión, de gestión y tecnológicos.
Objetivo 4.5: Protección y restauración de los ecosistemas naturales. Sus estrategias principales se centran en: frenar la pérdida y degradación de ecosistemas abordando sus causas principales; ampliar áreas naturales protegidas, con especial atención a territorios indígenas, consolidando mecanismos de conservación; fomentar actividades productivas sustentables que aumenten la productividad y protejan la biodiversidad; restaurar ecosistemas clave que proporcionan servicios ambientales esenciales; controlar la degradación en zonas costeras, marinas y bosques mediante programas de manejo sustentable; fortalecer los ordenamientos ecológicos e instrumentos territoriales, incluyendo zonas con alta biodiversidad; y promover la conservación en comunidades campesinas y ejidos.
Este objetivo refleja una visión integral de conservación, combatiendo la pérdida de biodiversidad y asegurando la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. La atención diferenciada a territorios indígenas y comunidades rurales destaca un compromiso por incluir a los pueblos originarios en la protección ambiental, resaltando la importancia de políticas participativas y culturalmente pertinentes. La restauración y protección de ecosistemas son fundamentales no solo para el medio ambiente, sino también para garantizar servicios ecosistémicos vitales, como el agua, la fertilidad del suelo y la protección contra desastres.
Los retos principales se centrarán en la coordinación de esfuerzos intersectoriales para gestionar áreas protegidas y actividades productivas. En el combate de actividades ilegales, deforestación y expansión urbana no sustentable. Y en la Implementación de medidas estrictas de vigilancia y sanción en zonas fronterizas y marítimas, donde hay alta vulnerabilidad por actividades ilícitas o sobreexplotación.
Objetivo 4.6: Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente. Entre sus estrategias principales se encuentran: el asegurar acceso asequible y equitativo al agua potable y saneamiento, especialmente en regiones vulnerables; promover el uso eficiente y sustentable del recurso hídrico en actividades agrícolas, industriales y urbanas; modernizar y ampliar infraestructura de captación, distribución, tratamiento y reúso de aguas residuales; desarrollar tecnologías para la recuperación y restauración de cuencas contaminadas; y fomentar mecanismos de sanción y protección de los sistemas comunitarios y tradicionales de agua.
Este objetivo evidencia una visión de gestión integrada y participativa del recurso hídrico, consciente de la creciente presión por el cambio climático, el crecimiento poblacional y la expansión urbana. La estrategia apuesta por fortalecer capacidades locales y comunitarias, incluyendo sistemas tradicionales, y por adoptar tecnologías de reúso y tratamiento avanzadas. Además, se reconoce que garantizar agua en cantidad y calidad es vital para la salud pública, producción agrícola y conservación del medio ambiente.
Los retos principales se visualizan en cómo reducir la desigualdad en el acceso y la calidad del agua, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Cómo controlar la sobreexplotación de acuíferos y cuencas, que en algunos casos ya están en crisis. Y un reto frecuente en todo el Plan es lograr coordinar entre diferentes niveles de gobierno, sectores y comunidades para una gestión sustentable del agua.
Consideraciones Finales
El Eje General 4: Desarrollo Sustentable, del PND muestra un marcado interés por las energías limpias y el desarrollo de infraestructura energética, por la sustentabilidad en sus diferentes dimensiones, por un aprecio y cuidado del medio ambiente y sus ecosistemas y un profundo compromiso social. En general se percibe como un plan idóneo para atender lo que México necesita en términos de energía y medio ambiente.
Sin embargo, vemos en los diferentes objetivos y estrategias una restricción frecuente, la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y entre dependencias gubernamentales; donde las capacidades institucionales no son homogéneas, ahí se tendrá una gran restricción. Así mismo se perciben como objetivos muy ambiciosos y no se observa con claridad como es que se tendrán los recursos públicos y/o privados para poder desarrollarlos. No solo en materia de inversión, sino en gestión y coordinación. El indicador de crecimiento económico del país será crítico para hacer viable la disponibilidad de recursos públicos que puedan asignarse al Plan; así como las reglas o esquemas claros de participación de la inversión, al margen del marco legal y jurídico que proteja las inversiones que sin duda es una variable central para lograr las metas planteadas.
Finalmente, al revisar sus indicadores de seguimiento y evaluación del Plan, se perciben indicadores muy generales, algunos sin una clara definición aún o bien generados por dependencias del propio gobierno federal o el INEGI; lo cual llamaría la atención de buscar agregar también indicadores internacionales que permitan una comparación y seguimiento que puedan sugerir cambios en las políticas. Adicional a esto, se perciben metas muy conservadoras, podemos mencionar como ejemplo el indicador 4.2 de participación de fuentes renovables y alternas sobre la producción total de energía, cuya línea base de 2022 es de 17.44 con una meta de 21.50 para 2030, lo anterior se percibe bajo, ante el reto climático global y los compromisos internacionales con los que ya cuenta México. Lo cual obliga una revisión.
