Agua, seguridad territorial y capacidad institucional en el noreste
Columna En Perspectiva
Por Amado Villarreal González
Incrementar la producción nacional de gas natural constituye una oportunidad estratégica para México. Sin embargo, aprovechar los recursos que requieren fracturamiento hidráulico en el noreste exige evaluar conjuntamente disponibilidad de agua, riesgos ambientales, seguridad territorial y capacidad institucional. La competencia por el abastecimiento urbano y productivo, las sequías y las condiciones de cuencas y acuíferos obligan a precisar dónde, a qué escala y bajo qué controles podría desarrollarse esta actividad. La literatura científica y los diagnósticos oficiales aportan elementos para orientar esa decisión.
El agua condiciona el potencial
Galdeano, Cook y Webber (2017) identificaron una distribución desigual entre recursos de lutitas y disponibilidad hídrica: importantes áreas del norte presentan restricciones de agua, mientras otras zonas cercanas al Golfo ofrecen mejores condiciones. Sus escenarios muestran que el potencial de aprovechamiento cambia según el margen hídrico que se preserve para otros usuarios. Emplean promedios anuales y supuestos que requieren actualización frente a sequías y crecimiento de la demanda.
El Programa Hídrico Regional de Río Bravo 2021–2024 de la CONAGUA documenta restricciones relevantes. Con información publicada en 2020, identifica 68 de 102 acuíferos en condición de sobreexplotación o déficit de disponibilidad, aproximadamente dos terceras partes. Señala además déficit superficial en las 37 cuencas de Bravo–Conchos comprendidas en su diagnóstico.
En Nuevo León, reporta disponibilidades anuales negativas de 76.24 millones de metros cúbicos en Sabinas–Parás, 35.86 millones en El Carmen–Salinas–Victoria y 11.51 millones en el acuífero Área Metropolitana de Monterrey. Son balances históricos de fuentes específicas; no deben confundirse con el balance de todo el sistema de abastecimiento metropolitano ni presentarse como cifras actuales, sin embargo muestra datos que llaman a su atención.
El panorama tampoco es uniforme hacia el sur. El programa de Golfo Norte registra nueve cuencas superficiales deficitarias y 91 con disponibilidad, con información de 2020. Esta heterogeneidad exige evaluar cada fuente y sus conexiones con las áreas gasíferas.
La escala también importa. La EPA (Environmental Protection Agency) de los EE UU encontró que el fracturamiento representaba menos de 1% del uso total de agua en la mayoría de los condados estadounidenses estudiados; sin embargo, alcanzaba al menos 10% en 26 de 401 condados. Un porcentaje agregado pequeño puede coexistir con presiones locales importantes.
La protección comprende todo el ciclo
La EPA concluyó en 2016 que las actividades del ciclo del agua del fracturamiento pueden afectar fuentes de abastecimiento bajo determinadas circunstancias. Identificó riesgos asociados con extracciones durante escasez, derrames, integridad mecánica insuficiente, inyección directa en recursos subterráneos, descargas deficientemente tratadas y almacenamiento o disposición en fosas sin revestimiento.
El reúso puede reducir la demanda de agua dulce, pero sus porcentajes necesitan interpretarse correctamente. En el ejemplo del Marcellus presentado por la EPA, aproximadamente 90% del agua residual producida se reutilizaba; aun así, el agua reutilizada aportaba alrededor de 14% del suministro para fracturar. Son datos históricos de un caso particular, pero ilustran una diferencia fundamental entre aprovechar el agua recuperada y reducir la necesidad de agua nueva.
El agua salobre representa otra alternativa que requiere evaluación. La EPA incluye entre los recursos de abastecimiento aquellos que podrían utilizarse en el futuro, incluso mediante tratamiento. Su salinidad no elimina su posible valor para las comunidades. Además, cualquier alternativa debe acreditar almacenamiento, transporte, tratamiento y destino de los residuos.
Conocer y gobernar el territorio
Hatch Kuri (2018) identificó brechas hidrogeológicas y de coordinación en el sistema transfronterizo Edwards-Trinity-El Burro. Su diagnóstico destaca la necesidad de conocer el funcionamiento del agua subterránea y sus usuarios antes de ampliar las presiones sobre ella.
Vázquez Morales y colaboradores (2026) aportaron una clasificación territorial de riesgos en Burgos. Su análisis muestra condiciones de vulnerabilidad, pero reconoce sensibilidad a las ponderaciones utilizadas: ocho de los 66 pozos analizados permanecen clasificados en alto riesgo en la mayoría de las ejecuciones del análisis de sensibilidad. Es un resultado del modelo, no una medición de contaminación ni una probabilidad de accidente.
La capacidad pública también importa. El programa de Río Bravo de la CONAGUA reconoce supervisión limitada de extracciones reales, problemas de coordinación, aplicación insuficiente de sanciones y restricciones técnicas y de personal. Este diagnóstico sustenta la necesidad de verificar las capacidades disponibles; no demuestra por sí solo su evolución posterior.
A ello se añade la seguridad territorial. Fuerte Celis (2024) analiza la articulación entre actividades legales e ilegales y estructuras de gobernanza en Burgos. Nuestra inferencia es que la protección ambiental requiere acceso seguro de inspectores, trazabilidad de residuos, protección de denunciantes y capacidad de respuesta. El estudio no demuestra que el fracking origine criminalidad, pero su análisis prevee existencia de posibles distorciones por presencia de actividad ilegal.
Decidir con evidencia y condiciones verificables
Las brechas de información impidieron a la EPA en EE UU estimar plenamente la frecuencia nacional y caracterizar toda la severidad de los impactos. Esa incertidumbre no acredita seguridad generalizada ni daño inevitable. Tampoco el informe evaluó integralmente la eficacia regulatoria o todos los efectos acumulados.
México debería condicionar cualquier expansión a evaluaciones por cuenca y acuífero, disponibilidad bajo sequía, mediciones previas de cantidad y calidad, impactos acumulados y manejo acreditado de residuos. La supervisión financiada, la seguridad territorial, la información pública y las responsabilidades de reparación deben formar parte de esas condiciones.
Donde no puedan acreditarse, corresponde posponer el desarrollo o excluir áreas según el riesgo identificado. La contribución del gas nacional a la seguridad energética dependerá también de la capacidad de preservar el agua y proteger a las comunidades que sostendrían su producción.
