Por Energy Insights
El reloj del T-MEC avanza hacia su primera gran prueba: la revisión de 2026. Lo que originalmente fue concebido como un mecanismo de certidumbre y modernización económica en América del Norte se ha convertido en un campo de tensiones donde la energía ocupa el centro de la disputa. Washington ha comenzado a subir el tono, condicionando la extensión del tratado al cumplimiento de México en sectores estratégicos, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum busca afianzar un modelo de soberanía energética que no está exento de controversias.
Todo comenzó con una frase que resonó más allá de los muros del Economic Club of New York:
“No tiene sentido pensar en extender el tratado cuando los mexicanos ni siquiera están cumpliendo en partes importantes del mismo”,
declaró Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), el pasado 3 de octubre ante la periodista Maria Bartiromo.
En aquella conversación, Greer dejó claro que para la administración Trump el libre comercio no basta; debe ser también “comercio justo”. Detrás de esa idea, repetida con insistencia, hay una visión estratégica: la reindustrialización estadounidense y el control de las cadenas críticas de suministro, desde los semiconductores hasta la energía, son ahora asuntos de seguridad nacional. En ese marco, las políticas energéticas de México se han convertido en un foco de fricción.
Durante los últimos años, la reforma energética impulsada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Sheinbaum ha fortalecido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), privilegiando el papel del Estado en la producción y distribución de hidrocarburos y electricidad. Desde la óptica mexicana, esta estrategia persigue un objetivo legítimo: reducir la dependencia del exterior y garantizar la seguridad energética bajo el principio de soberanía nacional. Pero desde Washington, se percibe como un retroceso frente a los compromisos de apertura y competencia asumidos en el T-MEC.
De acuerdo con el economista Jorge Eduardo Mendoza Cota, del Colegio de la Frontera Norte, en su artículo publicado en el Baker Institute de la Universidad de Rice, la política energética mexicana “contradice el espíritu del acuerdo” en varios capítulos, como el de inversión, el de empresas del Estado y el de prácticas regulatorias. Mendoza explica que al priorizar la participación estatal, México corre el riesgo de generar controversias comerciales y desalentar la inversión y la transferencia tecnológica en un sector que requiere capital intensivo y estabilidad normativa.
Apenas unos días después de las declaraciones de Greer, el gobierno de Estados Unidos ratificó que no iniciará negociaciones para extender o renovar el T-MEC hasta que México cumpla plenamente sus compromisos en energía, telecomunicaciones y agricultura. La USTR anunció evaluaciones formales de desempeño, dejando claro que la política energética mexicana sería uno de los indicadores determinantes antes de sentarse a la mesa.
Mientras tanto, en el frente norte, el presidente Donald Trump se reunió con el primer ministro canadiense Mark Carney. Ambos discutieron las exportaciones de energía, petróleo y gas, y el futuro del tratado. Trump, fiel a su estilo, calificó la relación comercial con Canadá como “la más complicada”, aunque inevitable por su interdependencia natural. Canadá, que envía a Estados Unidos cerca de cuatro millones de barriles diarios de crudo, dejó entrever que podría usar esos flujos como instrumento de negociación ante los nuevos aranceles norteamericanos. Así, la energía se confirmaba como la pieza más sensible del ajedrez norteamericano.
A lo largo de 2025, la tensión se trasladó del plano político al institucional. En Washington, las presiones del sector privado comenzaron a marcar el pulso de la discusión. La American Petroleum Institute (API), principal cabildero de las petroleras estadounidenses, advirtió que el entorno regulatorio mexicano se ha vuelto “discriminatorio” y “contrario al espíritu del tratado”. Sus demandas son precisas: acceso no discriminatorio a permisos y transporte, certeza regulatoria y cumplimiento de las cláusulas de competencia.
La USTR abrió formalmente en octubre el proceso de consulta pública previa a la revisión de 2026, con una audiencia prevista para el 17 de noviembre. Cada comentario, cada testimonio industrial registrado en el Federal Register, se ha convertido en un insumo político que podría definir la posición estadounidense. En paralelo, think tanks de Washington recomiendan abiertamente condicionar la extensión del T-MEC a cambios verificables en la política energética mexicana antes del primer semestre de 2026.
En respuesta, el gobierno mexicano ha emprendido su propia ruta de diálogo interno. En noviembre, la Secretaría de Economía anunció la conclusión de las mesas públicas de consulta realizadas en los 32 estados del país, con la participación de treinta sectores productivos. De esos encuentros surgirá un documento de posición nacional que será presentado en enero a la presidenta Sheinbaum y al Senado. “México avanza de manera ordenada y transparente hacia la revisión del T-MEC”, señaló la dependencia, subrayando que la voz de los sectores productivos, incluido el energético, será parte de la estrategia. Lo curioso es que la voz del setor empresarial energético no es muy tomado en cuenta dentro de la política energética interna, lo cual abre la oportunidad a que en realidad se traduzca en un avance deseado por el sector privado mexicano.
El desafío para México es enorme. La revisión del tratado no será una simple formalidad, sino una evaluación política de los equilibrios entre apertura y soberanía. Mientras Washington busca garantizar certidumbre para sus empresas e inversiones, México intenta defender un modelo que considera vital para su autonomía y seguridad energética.
En el horizonte cercano, el dilema es claro: si el país mantiene su apuesta por la primacía estatal sin ajustes regulatorios, corre el riesgo de enfrentar controversias o incluso de ver amenazada la continuidad del acuerdo. Pero si flexibiliza su modelo en aras de satisfacer las exigencias del T-MEC, podría diluir los principios de independencia energética que han marcado su política en los últimos años, con magros resultados dada su alta dependencia en gas natural y gasolinas justo de su vecino del norte.
De cara a la revisión de julio de 2026, América del Norte se encuentra ante una pregunta de fondo: ¿puede existir una integración regional basada en la cooperación si las visiones energéticas de sus miembros apuntan en direcciones opuestas?
Lo que está en juego no es solo la extensión de un tratado comercial, sino la definición del modelo energético del continente: uno basado en la soberanía de los Estados o en la integración competitiva de los mercados. En esa tensión, entre la autonomía mexicana y la presión estadounidense, se juega el verdadero futuro del T-MEC.
Por cierto, ¿Se puede ser regionalmente competitivo ante otros bloques comerciales privilegiando monopolios públicos ineficientes? . Seguramente este tema estará en la agenda de negociación.
